Poe Francisco Papas y Alberto Horno
El jueves 20 de mayo, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados se llevó a cabo la votación relativa a la Nueva Ley de Patrimonio Cultural. Tanto la ministra de cultura, Consuelo Valdés, como el subsecretario Emilio de la Cerda, insistieron en sus bondades, con tono amenazante. La idea de legislar de esta ley nefasta se aprobó en general por 7 votos contra 6. A favor se pronunciaron todos los diputados de ederecha en esa instancia: Baltolou, Cruz-Coke, Fuentes, Fuenzalida, Trisotti, Longton, a quienes se sumó el DC Verdessi.
Se trata de una ley inconsistente, con errores, omisiones y contrariedades, en forma y fondo, que no hacen sino exponer nuevamente a un Ejecutivo incapaz de salir de las lógicas neoliberales que han sellado su destino. Pareciera que opera con una inercia para elaborar propuestas sesgadas y fallidas, que ni la revuelta de octubre ni la demanda popular por una nueva constitución han podido romper.
Teniendo la oportunidad de construir una ley que involucrara a los distintos actores del mundo patrimonial y cultural, proponiéndose proteger, promover y preservar el caleidoscopio cultural chileno tanto material como inmaterial, el gobierno ofrece una ley que prácticamente no protege ni incluye a todos, y no sanciona con fuerza a quienes atentan contra el patrimonio cultural chileno; aflorando además en su constitución, las insaciables reglas del mercado.
Hay muchos aspectos criticables, pero seguramente el más importante y más grave es la omisión de la consulta nacional a los pueblos originarios, condición previa y sine qua non para presentar cualquier propuesta o idea de legislar en esta materia. Por eso decimos que esta aprobación se hizo de forma ilegítima.
El oficialismo promete que hará la consulta luego, cuando avance la discusión. Es solo un compromiso verbal ¿Estaría dispuesto el gobierno a tirar por la borda la ley si los pueblos originarios lo rechazan cuando sean consultados? Esto no es un detalle moral respecto de cómo hacer las cosas. Es una práctica anticonstitucional que transgrede los acuerdos internacionales que el Estado de Chile se ha comprometido a cumplir. El convenio 169 de la OIT firmado por Chile establece “entre otros el deber para el Estado de Chile de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, a través de sus instituciones representativas y procedimientos apropiados, de conformidad a sus características socioculturales, dicho proceso debe ser realizado de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” . Este convenio obliga al Estado chileno a realizar dicha consulta.
El diputado del Partido Liberal Alejandro Bernales planteó, como alternativa, que se hiciera la consulta a los constituyentes electos de los pueblos originarios, pues fueron escogidos democráticamente, con representación amplia de sus pueblos. Aún así, el gobierno, que afirma que no pudo hacer la consulta por causa de la pandemia, se negó al diálogo con las y los constituyentes. Por estas razones, la diputada Marisela Santibáñez (PC) está articulando la reserva constitucional correspondiente, que pretende impedir que esta ley siga avanzando.
Es inaceptable que de forma arbitraria y a conveniencia de los mismos intereses de siempre, se ignoren los acuerdos internacionales que tienen rango constitucional. El gobierno de Chile y el oficialismo deliberadamente violan la Constitución, que tanto defienden, para ignorar e invisibilizar, una vez más, a los pueblos originarios.
Esperamos que la futura Constitución no sea vulnerada por las prácticas corrosivas de la derecha chilena, y de una clase política que inoculó el neoliberalismo en todas nuestras formas de constituir sociedad, subordinando el principio del bien común a la lógica de los intereses particulares. Precisamente, este tipo de convenios internacionales busca que se proteja el bien común al que, en principio, los estados adscriben.
Pero aún hoy, como una evidente practica colonial, el Estado de Chile y su gobierno les sigue despojando a los pueblos originarios lo que les pertenece; esta vez, al menos, su derecho a voz y a ser reconocidos como iguales, y no como ciudadanos de tercera o cuarta clase.
Por otro lado, nos preocupa también el enfoque occidentalizante que el proyecto propone, un sesgo que no considera la diversidad de miradas y los abordajes que los pueblos originarios podrían aportar. Hay un marcado interés en instalar lo patrimonial, desde una identidad “chilena” y su historia, reflejada principalmente en aspectos materiales. Esta ley omite las cosmovisiones de los pueblos originarios y cómo desde ellas se podría resignificar la idea de “lo chileno”. Se protegería el patrimonio cultural mapuche entendido simplemente como un bien transable del que sacar provecho. Esta ley promueve la mercantilización, la folclorización, y en buenas cuentas, la banalización de la riqueza cultural de los pueblos, reduciendo aquellas materialidades y tradiciones a simples objeto-productos.
El patrimonio mapuche, más que en dibujos, kollon, rukas, praprawe, Makuñ, está en su relación de aprendizaje con la naturaleza, y esta ley no la protege; no demanda el retiro del monocultivo de árboles no endémicos que dañan el ecosistema, que permite la existencia de las culturas madre. No prohíbe inundar cementerios y lugares sagrados para crear nuevas represas; ni la instalación de piscinas para la crianza de salmones, que eliminan la flora y fauna marítima, erradicando así la cultura culinaria y las dietas ancestrales.
Para el Ministerio de Cultura, el patrimonio cultural de los pueblos originarios es un souvenir que se puede exhibir en publicaciones tipo “vivienda y decoración”, que resaltan la producción de objetos hechos por indígenas y sus “emprendimientos” para salir o superar una supuesta pobreza. Un falso espectáculo, que no es sino otra forma colonizante de “civilizar al indio”, adecuándolo y sometiéndolo a un hacer que deliberadamente excluye la riqueza cultural de su origen. El buen indio, el buen mapuche civilizado, que no incomoda, se convierte así en un productor de mercancías de “la imagen país”.
Los puentes entre lo chileno y lo ancestral no se pueden ser construir incorporando a los pueblos originarios en la precarización laboral que el sistema neoliberal impone. Más bien, lo que se espera de una ley de patrimonio cultural es que acepte, fomente, resguarde y restituya la capacidad de los pueblos de vivir en comunidades basadas en la autogestión, el apoyo mutuo, y lazos de solidaridad; que respete su cultura y tradiciones; que su organización pueda estar coordinada con los ciclos-formas que la naturaleza entrega; y sobre todo, que proteja a los pueblos del utilitarismo económico occidental, y de la “chilenización” de las comunidades.
Los pueblos originarios no necesitan de una economía, ni de fórmulas sociales chilenas para mantener su patrimonio. Lo que realmente necesitan es que Chile deje de ser un país que, de manera actualizada en el siglo XXI, siga ejerciendo prácticas despóticas y colonizantes.
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